Las relaciones internacionales tendrán como base el respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la pluralidad, la diversidad y el reconocimiento y cumplimiento de los principios, tratados y acuerdos multilaterales aceptados por Colombia. Nuestra relación política con los países será de Estado y no de gobierno o de personas. Fortaleceremos las instancias multilaterales como escenarios democráticos para la resolución de las diferencias entre países y promoveremos la interdependencia y la diversificación de las relaciones con todos los países del mundo, más allá de los asuntos comerciales.

La mejor estrategia para lograr la equidad en Colombia es mejorar la atención, el cuidado y las condiciones de vida de los niños y niñas. Impulsaremos la educación sexual y reproductiva para promover la concepción de niñas y niños deseadas y deseados, y prevenir el abandono infantil. Impulsaremos programas gratuitos de cuidado integral formal con personal altamente calificado para las poblaciones más vulnerables, así como programas de apoyo y asistencia a los padres y las madres en buenas prácticas de crianza, salud y nutrición. Desarrollaremos políticas diferenciales para la niñez e incrementaremos significativamente los recursos para asegurar su acceso a la salud, la nutrición, la educación y el registro civil. Facilitaremos espacios físicos para el libre desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños y niñas, particularmente en la primera infancia. La inversión en las niñas y los niños de 0 a 5 años será prioritaria.

El reconocimiento y la inclusión de los jóvenes como sujetos centrales de la democracia será clave para el desarrollo sostenible del país. Gestionaremos políticas públicas con visión de género y perspectiva generacional, con enfoque de derechos y atención a grupos de población definidos, para lograr reducir las múltiples inequidades que afectan a la juventud. Nuestras herramientas principales serán el acceso a una educación pertinente y de calidad, a la cultura, la promoción de hábitos de vida saludables y el acceso al empleo legal y formal. Generaremos condiciones y oportunidades para que tomen decisiones libres y responsables sobre su permanencia en el sistema educativo, el cuidado de su salud, su vida sexual y la formación de una familia, su ingreso al mundo del trabajo, y su participación política en el país.

Las mujeres son más de la mitad de la población de nuestro país, constituyen base fundamental de la democracia y el desarrollo. Colombia necesita adquirir un compromiso real, efectivo y equitativo con las mujeres mediante políticas públicas que busquen superar obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos, e incidir directamente en la agenda de país. Asumimos el compromiso de fortalecer la inclusión y de respetar la diversidad al reconocer entre otros, el papel protagónico que tienen las mujeres, a través de acciones para una vida digna, su desarrollo integral, su seguridad y protección, y su participación social y política. Dichas acciones de cambio cultural se concretarán en el acceso a servicios y oportunidades y en estrategias de educación, información y comunicación para socializar e implementar leyes y políticas de cambio.

Buscaremos que nuestras ciudades sean sostenibles, compactas, con programas de calidad de agua y aire, servicios públicos de alta calidad y eficiencia. Promoveremos el aumento de espacios públicos e infraestructura para la educación, la cultura, la salud y la convivencia. Emprenderemos una acción estatal coherente y eficaz sobre los usos del suelo urbano y tendremos una política dinámica para la intervención en las tierras urbanas para la vivienda. Con criterios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, promoveremos sistemas de transporte público eficientes.

El progreso y el desarrollo de la vida rural son condición necesaria para el desarrollo armónico de la nación. Con los municipios y departamentos desarrollaremos programas de desconcentración de la propiedad y mejora en el uso sostenible de la tierra. Pondremos énfasis en aumentar la capacidad institucional para la titulación de la tierra. Concentraremos los recursos públicos para el campo en la financiación de bienes y servicios públicos esenciales. Impulsaremos el desarrollo rural mediante el crecimiento del sector agropecuario, el fortalecimiento y la diversificación de sus vocaciones productivas y la creación de organizaciones solidarias y pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Defenderemos, preservaremos y conservaremos las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad. Promoveremos el desarrollo y el uso de energías limpias, renovables y alternativas; impulsaremos la creación de una cultura ambiental, de consumo racional y responsable social y ecológicamente. Haremos frente a los principales riesgos ambientales de origen natural o humano. Pondremos en marcha planes nacionales de manejo de residuos sólidos, de educación para el consumo responsable de agua, energía y combustibles y adoptaremos una política de manejo pedagógico de los riesgos y las emergencias ambientales. Daremos coherencia y eficacia a la acción estatal sobre los usos del suelo urbano y rural para que sean ambientalmente sostenibles.

Nuestra política de desarrollo regional buscará la inclusión y la equidad regional. Consolidará a las regiones como entes gestores de su propio desarrollo, sobre la base del fortalecimiento de la descentralización, la integración, la corresponsabilidad de la nación y las entidades territoriales, y la inversión pública y privada en programas productivos generadores de empleo y riqueza regional. Privilegiará los ejes de educación, ciencia y tecnología y productividad para disminuir las inequidades regionales. El Plan Nacional de Desarrollo especificará las estrategias para el desarrollo sostenible y reconocerá la importancia de las agendas autónomas de desarrollo regional.

Para asegurar un empleo formal y productivo se requiere un gran esfuerzo público y privado en educación y convertir el talento y el conocimiento en alternativas de vida y generación de ingresos. Se requieren políticas públicas que promuevan y apoyen procesos de formalización laboral y empresarial y fortalezcan las acciones en educación, ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación.

Colombia tendrá una gran política productiva de innovación y comercio internacional que conduzca a un acelerado desarrollo industrial, agrícola y del sector servicios. Fortaleceremos el mercado interno, protegeremos industrias nacientes, y potenciaremos instituciones que favorezcan la inserción en la economía regional y global. Orientaremos los recursos y las políticas públicas para promover el comercio, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo de los sectores estratégicos, y la generación de empleo formal.

La generación de oportunidades es un requisito indispensable para avanzar hacia una sociedad justa y próspera. Una política económica ordenada, eficiente y equilibrada hará factible nuestra apuesta por la educación, la tecnología, la ciencia, la innovación, el emprendimiento y la cultura como motores del desarrollo del país. Con instituciones sólidas y bien articuladas y respeto a la estabilidad jurídica, impulsaremos la transformación del sistema productivo y la inserción de nuestra economía en el ámbito internacional. Reduciremos la informalidad para asegurarnos de integrar al mayor número de personas a una fuerza laboral productiva y competitiva.

Los colombianos y las colombianas debemos gozar, como mínimo, de niveles básicos de educación, salud, nutrición, vivienda, cobertura en agua potable y saneamiento básico. Para ello haremos los ajustes institucionales que permitan una política social articulada e integrada, que garantice en forma progresiva el ejercicio de los derechos básicos. De acuerdo con nuestro principio de construir sobre lo construido, nos aseguraremos de que la presencia del Estado en todos los municipios de nuestro país se traduzca en una sociedad más equitativa y con mejor calidad de vida para todos. Pondremos en marcha el programa “Colombia sin Hambre” para ayudar a superar la pobreza.

La protección de la vida es el propósito fundamental de nuestra política de seguridad. Esta tendrá un enfoque integral, preventivo, participativo y de responsabilidad conjunta de la sociedad y el Estado. Se recuperará el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. La justicia por mano propia será institucionalmente perseguida y socialmente rechazada. Se tendrán como guías la Constitución y las leyes, en especial el respeto por los derechos humanos. Reforzaremos la presencia del Estado en todo el territorio nacional, no sólo con la Fuerza Pública, sino con un sistema de justicia que cuente con fiscales y jueces idóneos e insobornables, reconocidos y respaldados por la comunidad, con el propósito de crear un ambiente de seguridad y bienestar que permita generar desarrollo y abrir las puertas a las oportunidades legítimas. Promoveremos dar más poder a los ciudadanos para tramitar y resolver sus conflictos por mecanismos legales.

Seguiremos cambiando la forma de hacer política en Colombia. Proponemos una política basada en la confianza entre las personas y en las instituciones, donde la transparencia, la participación, la inclusión, el intercambio de argumentos, el control social y la gestión pública admirable sean los pilares de una auténtica democracia. Impulsaremos un frente común contra la corrupción. Buscamos un Estado respetuoso de la Constitución y de la ley, en el que el manejo de los recursos públicos, que son sagrados, sea eficiente, transparente y justo. Haremos de nuestro ejercicio político un ejemplo para los servidores públicos y los ciudadanos.

La educación y el cambio de nuestros comportamientos son los fundamentos para construir entre todos una Colombia justa, pacífica, respetuosa de la ley y los derechos, innovadora, productiva y próspera. Con educación y cultura derrotaremos la ilegalidad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la informalidad, la destrucción del medio ambiente y los desequilibrios regionales. Por eso son el eje central de nuestra propuesta