La constitución plasma una serie de disposiciones sobre la protección del medio ambiente, que se extiende al ámbito de los deberes y las obligaciones. Esta resalta el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de importancia ecológica y, así mismo, tiene como finalidad garantizar el desarrollo de cada ciudadano dentro de un ambiente sano.

En base a lo anterior, el Estado está la obligación de hacer del medio ambiente un tema prioritario y de desarrollar estrategias que garanticen su conservación.

Desarrollaremos un plan político y normativo que proteja la fauna y la flora, en especial, el Amazonas. Dicho plan busca reducir la deforestación, que como se sabe, es uno de los factores que causa el cambio climático.

Así mismo, se deben involucrar a las empresas y los hogares en busca de soluciones pequeñas pero significativas, ya que muchas de las actividades realizadas por nosotros dependen de quemar combustibles como el Carbón.

Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres e implementaremos programas para que esa igualdad sea real y efectiva. Ambos sexos deben tener las mismas oportunidades y se velará porque esto sea una realidad tanto en el Estado como en el sector privado.

Creemos en la cultura como factor económico, de sensibilización y educativo. Colombia es un país pluricultural en el que debe apoyarse el desarrollo de cada una de las culturas que forman nuestro rico espectro nacional.

Se generarán programas locales de apoyo a la cultura y se hará énfasis en la educación cultural.

Se buscará que quien tenga el potencial cultural encuentre apoyo para desarrollarlo integralmente.

Debemos asegurar el recurso hídrico para todos los colombianos. Adicionalmente, en una época de crisis como la que se vive, se debe generar un gran programa de seguridad alimentaria para que todos los colombianos tengan acceso a las tres comidas diarias.

Vamos a volver a crear el Ministerio de Justicia para devolverle la prestancia y la majestad a la administración de justicia.

Vamos a reforzar la rama judicial desde el punto de vista administrativo para que los juzgados y las cortes puedan trabajar en un ambiente libre de presiones económicas y con disposición de todos los elementos tecnológicos a su alcance.

Vamos a ofrecer a los empleados de la rama judicial programas de intercambio y colaboración con aparatos judiciales de otros países.

Se buscará una normalización de las relaciones exteriores. Se honrarán los compromisos surgidos de los acuerdos interamericanos que permiten convivir con los estados vecinos sin sobresaltos aún en las situaciones más espinosas.

Se tendrán en cuenta los sectores empresariales a la hora de tomar decisiones de política exterior.

Sin una política inteligente de competitividad no hay crecimiento estable que vaya más allá de lo coyuntural. Diseñaremos una política de precios básicos competitivos. Una tasa de cambio competitiva con intereses que no saquen del mercado a quien se esfuerza produciendo.

Hay que acercar los océanos a las cordilleras y los llanos mediante un plan nacional de infraestructura. No podemos depender solamente de los precios internacionales de nuestros commodities o de las transferencias.

Hay que capitalizar al pobre para introducirlo en el motor económico y de crecimiento. De todo lo anterior depende el empleo. Sin empleo hay hambre. Sin empleo no hay educación ni salud. Amarrado todo a una acción surgida sí desde el centro pero igualmente desde las regiones. No olvidemos la esencia multiregional de la nación y su capacidad de gestión.

Crearemos un sistema educativo de calidad que sea el motor de una economía competitiva, generadora de empleo y que propicie una auténtica igualdad entre todos.

Ampliaremos la cobertura de la educación y combatiremos la exclusión tecnológica.

Crearemos un Programa Integral de Aprendizaje del Inglés con intercambios culturales.

Haremos los ajustes necesarios para que la salud pública esté financiada y sea adecuada en su cubrimiento y en su calidad. Se realizarán convenios internacionales de salud para que los colombianos puedan tener acceso a las últimas tecnologías en medicina.

Se dará continuidad a la política de Seguridad Democrática, aunque con una serie de reformas que buscan recuperar la legitimidad institucional de algunos órganos del Estado. De lo contrario continuaran manifestándose eventos como los “falsos positivos”, las chuzadas ilegales por parte del DAS y el acoso al Poder Judicial.

Pese a los logros de la Seguridad Democrática hay mucho que mejorar en este sentido, teniendo en cuenta la inseguridad que se ha desatado en los últimos años en las áreas urbanas. Para hacer frente a este problema se ampliara ésta política no solo para continuar enfrentando a los grupos alzados en armas sino, además, el crimen organizado en las ciudades. Así, se destinaran recursos e inversión que permita mejorar la labor de la policía y la justicia.

En suma, se llevaran a cabo proyectos destinados a resolver los problemas sociales que padecemos como la inequidad y la pobreza; dos de los determinantes tradicionales de la delincuencia.